Del ascenso político en Sinaloa a las acusaciones presentadas en Estados Unidos, las comparecencias ante la FGR y los puntos que siguen sin resolverse.
La historia política de Rubén Rocha Moya ha dado un giro que pocos habrían anticipado hace apenas unos años. Académico, exrector universitario, senador, gobernador y una de las figuras más visibles de Morena en el noroeste del país, hoy su nombre se encuentra en el centro de una investigación que involucra señalamientos de presuntos vínculos con integrantes del crimen organizado.
Y aunque el caso ha generado titulares internacionales, la situación jurídica continúa siendo más compleja de lo que sugieren las versiones que circulan en redes sociales.
De profesor universitario a gobernador de Sinaloa
Nacido en Badiraguato, Rocha Moya desarrolló buena parte de su trayectoria en el ámbito académico. Fue profesor y posteriormente rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, antes de dar el salto definitivo a la política.
Durante décadas ocupó distintos cargos públicos, incluyendo diputaciones federales y un escaño en el Senado de la República. En 2021 ganó la gubernatura de Sinaloa bajo las siglas de Morena, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del partido en la región.
Sin embargo, el contexto de violencia y la presencia histórica del Cártel de Sinaloa mantuvieron constantemente el foco sobre la administración estatal.
Las acusaciones que escalaron a nivel internacional
El caso tomó una nueva dimensión cuando autoridades estadounidenses presentaron acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. Las imputaciones sostienen que diversos actores políticos y de seguridad habrían colaborado con integrantes de la facción conocida como «Los Chapitos«.
Las acusaciones provocaron una crisis política inmediata. Diversos funcionarios solicitaron licencia de sus cargos, mientras las autoridades mexicanas iniciaban sus propias líneas de investigación.
¿Qué ha confirmado la FGR?
Uno de los puntos que más confusión ha generado es la situación legal de los señalados en México.
Este 29 de mayo, la Fiscalía General de la República informó que cinco de los ocho funcionarios citados comparecieron voluntariamente ante el Ministerio Público Federal como parte de las investigaciones en curso.
Entre quienes acudieron a declarar se encuentran:
- Rubén Rocha Moya
- Enrique Inzunza Cázarez
- Juan de Dios Gámez Mendívil
- Dámaso Castro Saavedra
- Marco Antonio Almanza Avilés
Según la propia FGR, la información obtenida servirá para continuar las líneas de investigación y determinar si existen responsabilidades penales.
Los señalados que no acudieron
La Fiscalía también confirmó que tres de los citados no se presentaron a comparecer:
- Alberto Jorge Contreras Núñez
- José Antonio Dionisio Hipólito
- Juan Valenzuela Millán
Hasta el momento no se ha informado públicamente si serán convocados nuevamente o cuál será el siguiente paso procesal.
¿Existe una ficha roja de Interpol?
Tanto la FGR como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han reiterado que ninguno de los señalados cuenta actualmente con una ficha roja activa de Interpol, incluido Rubén Rocha Moya.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó además que una ficha roja no equivale automáticamente a una detención y que, en este caso, las consultas realizadas con instancias nacionales e internacionales confirmaron que dicha alerta no existe.
Los funcionarios que sí se entregaron a autoridades estadounidenses
Mientras algunos comparecieron ante la FGR en México, otros dos implicados optaron por entregarse directamente a autoridades de Estados Unidos:
- Gerardo Mérida Sánchez
- Enrique Alfonso Díaz Vega
Sus casos continúan desarrollándose en territorio estadounidense.
Implicaciones políticas nacionales
Más allá de las responsabilidades individuales que puedan determinar las investigaciones, el caso Rocha Moya se ha convertido en uno de los expedientes políticos más sensibles para el gobierno mexicano en los últimos años.
Por un lado, las autoridades estadounidenses sostienen acusaciones de gran alcance relacionadas con narcotráfico y protección institucional. Por otro, en México todavía no existe una sentencia ni una resolución judicial definitiva contra Rocha Moya o varios de los funcionarios señalados.
Esa diferencia entre acusación e investigación es precisamente donde se encuentra hoy el caso.
Lo que comenzó como un expediente judicial ha terminado por convertirse en una prueba para las instituciones de ambos países. Y mientras avanzan las comparecencias, los congelamientos de cuentas y las investigaciones paralelas, una cosa parece clara: la historia política de Rubén Rocha Moya ya no podrá contarse sin este capítulo.
