El contrato por más de 7 mil 300 millones de pesos que el Ayuntamiento de Monterrey firmó en 2020 con un consorcio empresarial para la construcción de un parque solar en Cerralvo ha derivado en una de las polémicas fiscales y políticas más profundas de los últimos años. Las investigaciones más recientes no sólo confirman que la obra nunca se construyó, sino que además se pagaron cientos de millones de pesos a empresas vinculadas entre sí y con funcionarios públicos, generando acusaciones de triangulación de recursos y falta de transparencia.
Pagos por obra inexistente
Aunque no hay evidencia pública de que el parque solar haya sido erigido, documentos periodísticos señalan que la administración de Adrián de la Garza sí realizó pagos al consorcio conformado por Next Energy, Constructora Maiz Mier y Eólica de Santa Catarina, a pesar de la falta de obra física. En total se habrían transferido 1,603 millones de pesos, entre:
• 643 millones a Next Energy de México.
• 189 millones a Eólica Santa Catarina.
• 770 millones a Constructora Maiz Mier.
El contrato original, firmado en marzo de 2020, fue valuado en 7,371 millones de pesos a 30 años y establecía un esquema de suministro energético mediante una planta fotovoltaica en Cerralvo que sustituiría la compra de electricidad a la CFE. Sin embargo, la infraestructura prometida nunca se materializó.
Señalamientos de triangulación y vínculos políticos
Reportes de investigación señalan que las empresas beneficiadas comparten relaciones societarias y conexiones políticas. Entre los nombres mencionados en publicaciones nacionales aparecen socios vinculados a estructuras partidistas locales y a exfuncionarios del entorno estatal.
Además, se documentó que otras empresas relacionadas al mismo grupo empresarial obtuvieron contratos municipales millonarios en distintos rubros:
- Industrias Sola Basic, concesión de luminarias por 10 años: 1,699 millones de pesos.
- Intelliswitch, proveedor municipal mediante subcontrataciones: 1,423 millones de pesos.
El patrón descrito en dichas investigaciones apunta a una concentración reiterada de contratos públicos en empresas vinculadas entre sí, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
El frente penal en Aguascalientes
El caso escaló nacionalmente tras la detención de Eugenio Maiz Domene, directivo de Next Energy, en el estado de Aguascalientes, donde enfrenta acusaciones de fraude relacionadas con otro contrato energético que tampoco habría sido cumplido.
Aunque el proceso judicial corresponde a un expediente distinto al de Monterrey, la similitud en el modelo contractual —proyectos energéticos de alto monto sin ejecución visible— reactivó el escrutinio sobre el convenio firmado en Nuevo León.
Choque político: Colosio vs. De la Garza
El contrato se convirtió en eje de confrontación pública entre el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, exalcalde de Monterrey, y Adrián de la Garza.
Colosio ha exigido que el tema se discuta de manera abierta ante la ciudadanía:
“Con gusto nos reunimos a platicar, pero en un debate público, con datos y con el propósito de informarle a la gente la verdad”.
El senador ha sostenido que el convenio original comprometía el patrimonio municipal por tres décadas sin garantizar resultados tangibles.
En respuesta, De la Garza invitó a revisar el contrato públicamente:
“Te invito al Palacio Municipal… para explicarte y mostrarte las evidencias que supongo desconoces”.
El actual alcalde también ha señalado que modificaciones posteriores al contrato, realizadas en la siguiente administración, alteraron condiciones financieras del proyecto.
Renegociación sin solución estructural
Durante la administración de Colosio se intentó rescindir el contrato; finalmente se renegoció reduciendo la vigencia a 10 años y el monto global a 4,989 millones de pesos, además de cambiar el modelo hacia la instalación de paneles solares en edificios municipales en lugar de una planta en Cerralvo.
No obstante, el debate central persiste: el contrato original comprometió miles de millones de pesos, se realizaron pagos significativos y la obra inicial nunca fue ejecutada.
Un expediente que sigue abierto
Hasta ahora no existe un pronunciamiento formal de autoridades anticorrupción sobre responsabilidades administrativas en Monterrey. Sin embargo, las cifras están documentadas, los pagos fueron realizados y el parque solar anunciado en 2020 no opera.
El caso ya no se limita a una promesa energética incumplida. Es un expediente que combina contratos multianuales, concentración empresarial, pagos anticipados y un empresario procesado penalmente en otra entidad.
La pregunta política sigue vigente… ¿Cómo se autorizó un compromiso financiero de esta magnitud sin que existiera una infraestructura funcionando?
