En los últimos meses la administración estadounidense ha escalado sus operaciones marítimas contra el tráfico de drogas hasta niveles que recuerdan más a una campaña militar que a una serie de interdicciones policiales. Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha reconocido al menos 19 ataques contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico oriental; en ese período las cifras públicas consolidan un saldo de 76 personas muertas y, según reportes, entre las naves destruidas hay al menos 19 lanchas y un semisumergible que las autoridades describen como herramientas del crimen organizado.
El Departamento de Defensa y la Guardia Costera han difundido imágenes y comunicados donde describen las operaciones como “interdicciones” destinadas a neutralizar embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas o estaban vinculadas a organizaciones designadas como terroristas.
¿Qué implican estas medidas para la lucha contra el narcotráfico?
Sin embargo, estas acciones han provocado una controversia internacional. Organismos de derechos humanos y expertos de la ONU han advertido que el uso de la fuerza letal en aguas internacionales sin una base jurídica clara podría constituir ejecuciones extrajudiciales y violar normas del derecho internacional. La ausencia de pruebas públicas concluyentes, la falta de transparencia sobre los objetivos atacados y las dudas sobre la identidad de las víctimas han alimentado llamados para una investigación independiente.
Por otro lado la cronología de los ataques y las cifras públicas coinciden en algo llamativo: la intensificación ha sido rápida y concentrada. En varias fechas se registraron embestidas múltiples, y en algunos episodios los gobiernos regionales recuperaron restos de cocaína o rescataron a supervivientes.
Un ejemplo en concreto con total transparencia por parte del Gobierno americano, bajo la Operation Pacific Viper, las autoridades confirmaron la destrucción de varias lanchas rápidas y la muerte de al menos 37 presuntos traficantes, en acciones coordinadas con países de Centro y Sudamérica. Estos ataques —algunos mediante drones y armamento de precisión— reflejan una expansión táctica que recuerda más a operaciones militares que a detenciones policiales.
La destrucción deliberada de embarcaciones es una táctica que ataca la logística del crimen: menos lanchas significa menos capacidad de envíos rápidos y más costos para los cárteles, que pueden verse forzados a invertir en métodos de transporte más sofisticados.
Un paso drástico, quizá necesario —y ¿ahora los submarinos?
La política que se está aplicando es, sin duda, drástica y controvertida, pero algunos analistas la ven como un paso que responde a la urgencia de frenar un flujo de drogas que tiene efectos sociales evidentes en Estados Unidos. Dicho esto, la destrucción está ocurriendo en la superficie: lanchas, semisumergibles y embarcaciones rápidas están siendo localizadas y atacadas.
El siguiente escalón técnico ya asoma en el horizonte de la contienda; los cárteles han demostrado capacidad para innovar y emplear vehículos cada vez más sumergidos para evitar la detección.
En suma, la operación estadounidense contra las rutas marítimas es un fragmento de una batalla más amplia y caótica. Mientras la técnica avanza y la contienda se profundiza—sobre y bajo el agua—la región queda expuesta a una dinámica cada vez más militarizada y compleja.
Recopilatorio de New York Post:
