La noche del 1 de noviembre de 2025, mientras en el corazón del municipio se celebraba el tradicional Festival de las Velas por el Día de Muertos, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue atacado a tiros y falleció horas después en un hospital. El atentado ocurrió en la Plaza Morelos, frente a decenas de testigos y familiares, cuando Manzo participaba en el acto público.
Testigos y videos de seguridad muestran la confusión inmediata: disparos en plena plaza, gente corriendo y la rápida intervención de elementos de seguridad que repelieron la agresión. Según el Gabinete de Seguridad federal, uno de los agresores fue abatido en el lugar y dos personas más fueron detenidas por su presunta participación en el atentado.
Cientos de ciudadanos convocaron a marchas y manifestaciones —en Uruapan, en la capital de Michoacán y en la Ciudad de México— para exigir justicia y mayor seguridad, mientras familiares y vecinos desfilaban vestidos de negro en una procesión que buscó honrar la memoria del edil y reclamar respuestas.
El atentado: cómo ocurrió
- Las primeras versiones señalan que el ataque se produjo poco después de las 20 horas del 1 de noviembre, cuando Manzo ya había participado en el acto de inauguración del Festival de las Velas, y permanecía en la Plaza Morelos rodeado de ciudadanos, niños y familias.
- La agresión fue directa y coordinada. Fuentes oficiales indican que al menos siete disparos fueron realizados contra el alcalde, tres de ellos alcanzaron abdomen y brazo. Su traslado al hospital fue inmediato, pero su vida se perdió horas después.
- En el lugar, al menos un agresor fue abatido por escoltas municipales o fuerzas de seguridad federales; además, dos personas fueron detenidas. El Gabinete de Seguridad federal informó que “no se descarta ninguna línea de investigación”.
El domingo 2 de noviembre por la tarde, la marcha pacífica partió desde la Plaza María Morelos hasta el centro histórico de Morelia, rumbo al Palacio de Gobierno. Una vez en la sede estatal, un grupo —en su mayoría jóvenes— forzó la puerta principal del palacio, ingresó al inmueble, provocó incendios, destruyó mobiliario y pintó consignas en las paredes.
Se usaron bombas molotov, piedras, palos y otros objetos que facilitaron la irrupción y los destrozos. Las autoridades respondieron con gases lacrimógenos y detuvieron a varios manifestantes.
La acción fue protagonizada por ciudadanos enfurecidos por la muerte de Manzo —quien había denunciado públicamente la violencia del crimen organizado en Uruapan— y por lo que consideran una omisión gubernamental de los poderes estatal y federal para garantizar la seguridad. Consignas como “¡Justicia para Manzo!”, “¡Carlos no murió, el gobierno lo mató!” y “¡Fuera Bedolla!” evidencian la exigencia de respuestas y la crisis de legitimidad.
Este homicidio no es sólo un hecho violento: es un síntoma grave. La ejecución de un alcalde frente a la población —en un evento festivo— evidencia que los espacios mayormente públicos y abiertos siguen sin garantías para los gobernantes, para los ciudadanos y para la democracia local.
La muerte de Carlos Manzo debería marcar un antes y un después. Mientras el municipio y el país lloran, la exigencia es clara: que no muera un alcalde más sin que haya consecuencias. Y que la protección estatal no sea sólo promesa, sino acto efectivo.
