Cada 2 de octubre, la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, vuelve a estremecerse no solo por el sonido de marchas y consignas, sino por el peso de una memoria que clama justicia. Hoy, a 57 años de la masacre de 1968, la exigencia no ha cambiado: “Ordaz asesino, ni perdón ni olvido” resuena más fuerte que nunca, recordatorio de que para muchos mexicanos el caso sigue sin cerrarse.

¿Qué ocurrió esa noche?
El 2 de octubre de 1968, miles de manifestantes —estudiantes de la UNAM, el IPN, profesores, ciudadanos— se reunieron en Tlatelolco para protestar contra la represión y exigir libertades políticas. El gobierno de turno, encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, respondió con fuerza militar. Fuerzas armadas y grupos paramilitares —incluyendo el Batallón Olimpia— abrieron fuego contra la manifestación, con saldo oficial y extraoficiales que aún no se aceptan ni en todos los espacios ni por todos los factores.
Se estima que hubo entre 300 y 500 muertos, más de mil heridos, detenciones arbitrarias y desapariciones. El Estado justificó sus acciones alegando “orden público” y peligro para la inauguración de los Juegos Olímpicos de aquel año, pero documentos revelados décadas después sugieren que el uso de la fuerza fue desmedido, planificado y sistemático.
Memoria y protesta: el presente que exige cuentas
A través de las décadas, organizaciones como el Comité 68 Pro Libertades Democráticas han encabezado marchas, mitines y actos cívicos. “Ni perdón ni olvido” se ha convertido en la consigna central.
En recientes conmemoraciones, como la de los 55 años, se ha reiterado que la responsabilidad del Ejército mexicano y del Estado no ha sido reconocida plenamente. El reclamo no es solo por reconocimiento público, sino por enjuiciamiento de los responsables.
Se ha evidenciado el uso de violencia institucional no solo en 1968, sino como parte de una cadena histórica de abusos: la represión en Tlatelolco se liga simbólicamente con las desapariciones en Ayotzinapa, las detenciones extrajudiciales y la militarización como solución estatal.
¿Por qué “Ordaz asesino” no es solo una frase?
Llamar “asesino” a Gustavo Díaz Ordaz no es una provocación gratuita, sino una denuncia política fundada: fue presidente cuando ocurrieron los hechos, autorizó la intervención militar, y sus responsables operativos, muchos bajo su mando, actuaron con impunidad.
Cuando los gobiernos se atreven a reprimir poblaciones pacíficas, atacan el corazón de la democracia. La política no puede convertirse en un juego de apariencias o discursos vacíos. Las autoridades actuales, sin importar el signo del poder, tienen una herida histórica por atender: aclarar la verdad, reconocer responsabilidades y garantizar que no se repitan atrocidades bajo el argumento del orden público.

Una exigencia que no debe callarse
El 2 de octubre sigue marcando una deuda social y moral. Porque:
- Si no hay justicia, los crímenes graves contra ciudadanos quedan suspendidos en la impunidad.
- Si se olvida, la historia puede repetirse.
- Si no se hace un examen profundo del poder y de sus excesos, la democracia pierde credibilidad.
“Ordaz asesino, ni perdón ni olvido” no es solo un grito, es una exigencia de Estado. Es recordar que los gobernantes están para proteger, no para disparar. Y que la memoria no es propiedad exclusiva de unos: pertenece a todos quienes exigen dignidad.
Invitamos a nuestros lectores a no olvidar esta obra audiovisual, Rojo Amanecer dirigida por Jorge Fons. Es la primera película en retratar los terribles hechos.



