No es mera especulación: hay hechos oficiales concretos ya aprobados en la Cámara de Diputados que van en la dirección de otorgar al SAT facultades de acceso digital a plataformas. Pero tampoco es cierto que ya haya un permiso absoluto, sin restricciones ni controles: sigue en proceso legislativo, sujeto a debates, regulaciones, impugnaciones y posibles ajustes.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación, incluyendo la adición del artículo 30-B, que vincula las obligaciones de las plataformas digitales con los mecanismos de fiscalización del SAT. El dictamen fue turnado al Senado para continuar su trámite legislativo.
La reforma establece que los proveedores de servicios digitales deberán permitir a la autoridad fiscal acceso en línea y en tiempo real a la información necesaria para comprobar el debido cumplimiento de obligaciones fiscales. El boletín de la Cámara señala además una fecha de entrada en vigor prevista —con un periodo de adecuación— para el 1 de abril de 2026.
La medida, según sus promotores, busca reforzar la capacidad del Estado para combatir la evasión y las factureras, garantizar que las facturas respalden operaciones reales y modernizar la fiscalización en la economía digital. Legisladores oficialistas han argumentado que esta herramienta permitirá detectar simulación de operaciones y mejorar la recaudación.
Aquí puedes ver la votación:
En el plano internacional, países y bloques como la Unión Europea han adoptado mecanismos para obligar a plataformas a reportar información fiscal (por ejemplo, la Directiva DAC7 y las “Model Rules” de la OCDE), pero esos marcos se enfocan en reportes periódicos anuales y reglas de intercambio con autoridades, no en un acceso permanente y en tiempo real por parte de la administración tributaria, su foco es la transparencia fiscal con requisitos de protección de datos.
Analistas consultados advierten que la diferencia es relevante: la práctica internacional suele combinar obligaciones de reporte con fuertes marcos de protección de datos (por ejemplo, GDPR en la UE) y límites claros sobre el tipo y la finalidad de la información compartida. Son estándares de reporte e intercambio, no mecanismos de vigilancia “en vivo” a diferencia de lo que propone el Gobierno mexicano.
¿Qué sigue?
No es una mera especulación: existe una reforma aprobada en lo general que adiciona el artículo 30-B con facultades ampliadas para fiscalizar plataformas digitales.
Pero tampoco es correcto afirmar que ya existe un permiso absoluto y operativo para que el SAT “espíe” cualquier app sin límites: la norma todavía está en proceso legislativo, su texto final y sus reglamentos definirán alcances, y las preocupaciones por la privacidad y la constitucionalidad hacen muy probable que el tema siga en discusión pública y judicial.
